La monografía “Retos para la Sostenibilidad: Camino a Río+20. Economía verde y refuerzo institucional para el desarrollo sostenible”, realizada por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), pretende apoyar y contribuir a la participación española en la Cumbre de Río+20, sirviendo como base para el análisis, el debate y el fomento de una amplia participación social.
Una de las conclusiones a la que ha llegado el estudio es que hay una gran necesidad de una acción estratégica mundial para responder a los retos globales y para acelerar la transición justa hacia el desarrollo sostenible con una "economía verde" o ecológicamente eficiente y racional, generadora de nuevos yacimientos de empleo estable.
La nueva economía ecológica en un renovado y reforzado contexto de desarrollo sostenible, debe impulsar el cambio de modelo propiciando vías sostenibles para los modos de producción y consumo con una gestión racional y eficiente de los recursos naturales.
Según los datos recogidos en este informe, el 60% de los recursos naturales mundiales se utiliza ya de forma insostenible o está al límite de sus posibilidades.
Actualmente la economía mundial consume alrededor de un 50% más de recursos naturales que hace 30 años. Una media de 60.000 millones de toneladas de materias primas al año, que podría aumentar hasta 100.000 millones de toneladas en 2030.
Otra cuestión primordial es que no solo consumimos demasiado, sino que consumimos mal y despilfarramos. Es fundamental aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, pero también es imprescindible gastar menos para vivir mejor y reducir los residuos de alimentos. Por ejemplo, un hogar típico europeo desecha entre el 20 % y el 30 % de la comida que compra, y el despilfarro estimado por parte de empresas y consumidores es de 90 millones de toneladas anuales de alimentos. Esto implica un importante coste ambiental por el agua y energía utilizadas, así como por el carbono generado para producir y eliminar estos residuos.
Alrededor de 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con una escasez de agua absoluta en 2025 y dos tercios de las personas del mundo podrían verse afectadas por el estrés hídrico. Para 2025 se prevé que el uso del agua haya aumentado en un 50% en los países en desarrollo y en un 18% en el mundo desarrollado.
Para alimentar a la población mundial sin degradar ni contaminar más los suelos se debería invertir en el sector agrícola entre 100.000 y 300.000 millones de dólares anuales hasta 2050. La agricultura ecológica es clave, destacando en España, primer país dentro de la UE en superficie destinada a la agricultura ecológica con más de millón y medio de hectáreas, más del doble respecto al 2005.
El aumento en la generación de residuos, tanto en cantidad (cada año se estima que se recogen 11.200 millones de toneladas de residuos urbanos en todo el mundo) como en peligrosidad, está generando una agresión contra el medio ambiente y la salud pública por lo que la gestión de los residuos, es y tiene que ser necesariamente una de las prioridades de las políticas ambientales y debe completarse con medidas adoptadas por los sectores productivos. En 2050 es probable que se generen en el mundo más de 13.000 millones de toneladas de residuos municipales y de otro tipo: actualmente sólo se recupera o recicla el 25% de los residuos.
En España, desde el año 2004 se inició un cambio de tendencia en la generación de residuos urbanos con un brusco descenso. En el año 2009, según datos de Eurostat, la generación de residuos urbanos en España se situó en 547 kg/habitante, lo que significó un descenso de 1,6% respecto al año anterior.
En esta monografía, se destaca la persistencia de la pobreza extrema en muchas partes del mundo, además las desigualdades sociales continúan pese a que el PIB mundial ha aumentado cerca de un 60% desde 1992. Cerca de 1.400 millones de personas, la mayoría en Asia Meridional y en el África Subsahariana, viven aún en una pobreza extrema y más de la sexta parte de la población mundial padece desnutrición.
En los países en desarrollo, más de 1.500 millones de personas carecen actualmente de acceso a la electricidad y 3.000 millones de personas dependen de la biomasa como fuente de energía para satisfacer sus necesidades elementales. Se estima que para ofrecer electricidad a todos se requieren 756.000 millones de dólares.
Según Naciones Unidas, invirtiendo cada año aproximadamente el 1,25% del PIB mundial en eficiencia energética y energías renovables se podría reducir la demanda primaria mundial de energía en un 9% en 2020 y cerca del 40% para 2050.
Además, la transición hacia una economía verde podría hacer crecer la superficie forestal, que en la actualidad ocupa cerca de 4.000 millones de hectáreas, en más del 3% en 2020, 8% en 2030 y en más del 20% en 2050. España tiene un papel destacado, ya que es el país europeo donde más ha aumentado la superficie de bosques en las dos últimas décadas, en concreto 4,4 millones de hectáreas entre 1990 y 2005, casi 300.000 hectáreas por año.
Las diferencias son claras. Los países más avanzados disponen de mayores recursos tecnológicos y financieros, y mayores capacidades para plantear su estrategia de transición hacia una economía verde, y además, hacerlo con un coste relativamente bajo. Sin embargo, las economías en desarrollo estarán sometidas a mayores costos de transición y mayores dificultades de acoplamiento. Por eso se reclama una transición justa un buen argumento para justificar una inversión importante para ayudar a los países en desarrollo y así lograr un mayor grado de desarrollo sostenible a nivel mundial.
Es necesario enfocar la crisis global, en su doble vertiente ecológica y económica, como una oportunidad para salir del actual modelo de depredación de recursos y de inestabilidad sistémica y potenciar los nuevos sectores de la economía ecológica generadores de empleo estable.
Un hecho consustancial a la economía verde es la generación de "nuevos yacimientos" de empleo verde, especialmente los relacionados con las nuevas tecnologías, la ecología industrial, las energías renovables, la eficiencia energética, la economía de la biodiversidad, la bioeconomía y la biotecnología que vienen a sumarse a los empleos de los sectores ambientales que pueden considerarse tradicionales, como la gestión de los recursos, el agua y los residuos, pero que ahora también tendrán un mayor desarrollo en base a las inversiones públicas y privadas propias de una economía ecológicamente eficiente.
Este informe refleja que el crecimiento de las "ecoindustrias" de la UE, como en muchas partes del mundo, sigue siendo continuo, y ya supone más del 2,5% del PIB de la UE, lo que proporciona empleo a más de 3,4 millones de personas.
Se calcula que en 2030 las energías renovables generarán 20,4 millones de empleos en Europa (EmployRES, 2009). Los biocombustibles crearán 12 millones de puestos de trabajo, un 59%. La energía solar fotovoltaica 6,3 millones de empleos (31%), y la energía eólica 2,1 millones de empleos (10%).
En esta línea, España es un buen ejemplo en la generación de empleos verdes. Actualmente, según el Informe realizado en 2010 por el OSE y la Fundación Biodiversidad, se cifra en cerca 550.000 los puestos de trabajo relacionados con el medio ambiente. Esto significa un cambio importante en los últimos diez años, ya que ha supuesto un incremento del 235%, representado hoy un 2,62% de la población ocupada.
La monografía pone de relieve que la utilización de instrumentos económicos y mecanismos de mercado, para conservar y pagar por los servicios ecosistémicos es una tendencia a nivel global que está ganando peso, no solamente en el caso de los mercados de carbono, sino también en los mercados de biodiversidad y agua. Es más, el pago por servicios ambientales constituye una práctica que ha cobrado un interés especial, no solamente para los ambientalistas, sino también para las comunidades locales, los políticos, las empresas y los financieros a nivel internacional.
Los impuestos ambientales sobre contaminación/recursos, energía o transporte, la reforma fiscal ecológica y la eliminación de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente podrían ser una fuente de ingresos para el cuidado ambiental, además de suponer estás últimas un ahorro entre el 1 y el 2% del PIB mundial cada año.
Los mecanismos de mercado también son un tipo de instrumento operativo de la economía verde de gran relevancia: permisos negociables (mercados de carbono, mercados de agua, mercados de biodiversidad o comercio de residuos), bonos verdes, y mecanismos de mercado voluntarios (sistemas de gestión ambiental y ecoetiquetas).
Este último estudio del OSE de acuerdo con Naciones Unidas refleja que la estimación de los fondos necesarios para transformar el conjunto de la economía mundial en una economía verde oscilan entre los 1 y los 2,5 billones de dólares al año.
El sector privado tiene un papel esencial para conseguir un desarrollo sostenible mediante el comercio, la inversión, la investigación, la innovación y la eficiencia en la utilización de recursos. Una herramienta apropiada para la adopción de principios de responsabilidad social y sostenibilidad en las empresas, instituciones y administraciones es el sistema de compromisos voluntarios para la adopción de principios de responsabilidad social y sostenibilidad en las empresas, instituciones y administraciones son una herramienta apropiada para esta finalidad.
El informe también resalta la importancia de los sistemas de indicadores sobre desarrollo sostenible y economía verde, imprescindibles para evaluar los progresos hacia el cambio de paradigma, yendo mucho más allá del PIB e integrando aspectos sociales y ambientales. A este respecto, es necesario elaborar indicadores clave, así como un sistema de contabilidad ambiental y social a nivel mundial, que complemente la actual contabilidad económica.
El estudio también pone de manifiesto que, según Naciones Unidas, invirtiendo cada año aproximadamente el 1,25% del PIB mundial en eficiencia energética y energías renovables se podría reducir la demanda primaria mundial de energía en un 9% en 2020 y cerca del 40% para 2050.
Resulta de interés el papel que la Tasa de Transacciones Financieras (TTF) podría jugar en la captación de fondos para el reequilibrio de las políticas, entre las que destacaría la cooperación global. Además, desde algunas instancias, como la Unión Europea, algunas autoridades como el propio presidente Durao Barroso ha llegado introducir la TTF en el debate político y económico en plena época de turbulencias financieras, rescatándolo cuarenta años después de que fuera enunciado. En todo caso, recordar que todavía no está vigente y se trataría de un nuevo instrumento que podría ser útil al servicio de un nuevo modelo de cooperación mundial.
Los desafíos ambientales, económicos y sociales que amenazan la sostenibilidad del desarrollo en el mundo son de primer orden de magnitud. La Cumbre de Río+20 brinda una valiosa oportunidad para promover el desarrollo sostenible en todo el mundo, siempre que los nuevos objetivos y compromisos se sustancien en acciones tangibles, eficaces, eficientes y equitativas para afrontar con decisión una etapa de transición solidaria hacia la economía verde y la mejora de la gobernanza, desde el ámbito local al mundial.
Conclusiones y recomendaciones a propósito de la conferencia Río+20
Los cuatro epígrafes sobre los que pivotan las sugerencias y recomendaciones propuestas por el OSE son los siguientes:
1. Asumir el reto político y social para impulsar la economía verde en un modelo de desarrollo más sostenible ambiental y socialmente con creación de empleos verdes y como respuesta estratégica a la crisis sistémica y el cambio global
2. La economía verde permite reforzar una economía hipocarbónica con políticas de mitigación y estrategias de adaptación al cambio climático y la reestructuración del modelo energético con energías renovables que favorezca las actuaciones de progreso de los países más vulnerables
3. La economía verde se basa en el desacoplamiento del desarrollo y las presiones ambientales y refuerza la gestión sostenible de los servicios ecosistémicos y fomenta la revalorización del capital natural, al tiempo que plantea una contabilidad de los servicios de los ecosistemas y la asignación de precios correctos mediante la aplicación de instrumentos económicos, fiscales y mecanismos de mercado que complementen y refuercen los sistemas de regulación normativa
4. Apoyar la transición justa hacia una economía verde potenciando esquemas de Gobernanza local y global para la sostenibilidad
De igual manera la monografía recoge las principales sugerencias de cara a la posición española en la Conferencia de Río+20, que el OSE aporta al proceso son las siguientes:
• El Gobierno debería considerar su contribución a Río+20 teniendo en cuenta sus prioridades para la Conferencia, especialmente en las áreas en las que ofrece experiencias positivas y capacidades susceptibles de aplicarse con éxito en otros contextos, fomentando así las bases de cooperación para la sostenibilidad global, como la agricultura ecológica, las energías renovables, o la implantación de Agendas 21 Locales, campos por ejemplo, donde se ejerce un claro liderazgo internacional.
• En España, las Administraciones y la sociedad civil deberían apoyar la nuevas metas en Río+20 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para redirigir los esfuerzos de una producción y un consumo sostenibles que hay que relanzar desde los países desarrollados y asegurar la implantación consistente de los principios de economía verde, como por ejemplo, la valoración del capital natural o la «reforma fiscal ecológica», facilitando una transición justa.
• Sería importante tratar de influir para conseguir acuerdos vinculantes en materia de economía verde y desarrollo sostenible aunque, en todo caso, es evidente la necesidad de un renovado compromiso en estos ámbitos y una mejor comprensión de los cambios que ello implica para todos los países y comunidades.
• En esta línea sería recomendable que a partir de ahora, el compromiso permanente de las instituciones, organizaciones, y el público tiene que quedar bien establecido y se tendrá que extender más allá del hito de 2012 formando parte de un proceso de permanente cambio y aprendizaje.
• Sería recomendable no hacer uso de la precaria situación financiera actual para diluir la centralidad de los aspectos ambientales y sociales de la economía verde discutidos en Río+20 a fin de progresar en los procesos de desarrollo sostenible y cooperación mundial.
• El Gobierno de España debería estar representado en la Conferencia de Río+20 al mayor nivel institucional, para demostrar el compromiso del Gobierno con los objetivos y el éxito de la Conferencia.
• Sobre esta base podría ser aconsejable crear una Comisión Especial sobre Economía Verde y Desarrollo Sostenible encargada de reunir las posiciones de las administraciones responsables sobre la Agenda de Río+20 en todos los departamentos y que también actúe como centro de coordinación para la discusión con los agentes económicos y sociales, instituciones, organizaciones y con los grupos de la sociedad civil a fin de incorporar las iniciativas y compromisos de estos colectivos.
Editorial: Observatorio de la Sostenibilidad en España
ISBN: 0000
Autor/es: VV.AA
