La figura de máxima protección para la Sierra de las Nieves traerá beneficios para toda la zona, en términos de turismo, inversiones, puestos de trabajo, directos e indirectos, como ya está acreditado que ocurre en los demás Parques Nacionales que conforman la Red, con los 15 millones de visitantes que, cada año, acuden a estos espacios protegidos.
Los municipios incluidos en la zona propuesta como Parque Nacional (Benahavis, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera) suman, junto con los municipios incluidos en la zona periférica de protección del futuro parque y área de influencia económica (Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja, Ojén y Serrato), un total de unos 64 000 habitantes.
La petición de poner en marcha la declaración ha surgido de los propios ayuntamientos de la zona, conscientes de los beneficios que les reportará la declaración de Parque Nacional.
Esta coherencia en la defensa de su conservación y el acuerdo previo existente en el territorio ha motivado, precisamente, que la propuesta conjunta recoja que todos los términos municipales implicados, tanto si aportan territorio al parque nacional como si lo hacen únicamente a la zona periférica de protección, se incluyan en el Área de Influencia Socioeconómica (AIS).
Una vez aprobada esta propuesta conjunta por el Consejo de Ministros, se someterá a información pública por la Comunidad Autónoma de Andalucía durante un mínimo de tres meses –incorporándose al expediente las alegaciones presentadas y las respuestas a las mismas–, y será remitida al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Además se recabarán los informes de otros departamentos ministeriales, así como de los municipios que aportan territorio a la propuesta de parque nacional.
El Ministerio, tomando en consideración los anteriores informes y consultas junto al resto de la documentación incorporada al expediente, elaborará una nueva propuesta que deberá aprobar el Consejo de Ministros y los órganos correspondientes de la Junta de Andalucía y, finalmente, a informe del Consejo de la Red de Parques Nacionales, tras lo que el Gobierno elaborará, aprobará y remitirá a las Cortes Generales el correspondiente proyecto de Ley.