ARQUITECTURA, URBANISMO, INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD

En la Carta de la Arquitectura Española 2015 redactada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) se considera que el  urbanismo, la vivienda y el espacio público (calles, plazas, parques y equipamientos) son el ámbito natural de la arquitectura. Arquitectura y urbanismo, como marco cotidiano de la vida ciudadana, de indudable interés público, deben acometerse desde la máxima responsabilidad, adoptando  medidas que favorezcan los mejores resultados.  

Esta declaración es un paso más en la constante tarea que la institución máxima de los arqui-tectos en nuestro país viene desarrollando en favor de la arquitectura y la ciudad, prestando especial atención a este asunto en múltiples documentos y participando activamente en el impulso de encuentros y concursos; de entre éstos destacan por su gran repercusión los realizados en colaboración con el Ministerio de Fomento: Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo-BIEAU, la Bienal  Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo-BIAU, el Premio Europeo de Urbanismo o el Premio Europeo del Paisaje Rosa Barba, formando parte en este momento del proceso preparatorio hacia una Nueva Agenda Urbana, objetivo principal de la próxima convocatoria HÁBITAT III a celebrar en Quito en noviembre de este mismo año. Especial mención merece EUROPAN, concurso bianual de ideas urbanas y arquitectónicas que se ha marcado el objetivo de profundizar en el conocimiento e investigación del hábitat y del urbanismo, a través del intercambio de profesionales y arquitectos jóvenes de numerosos países europeos. De  interés son elocuentes los enunciados de las últimas convocatorias: “Territorios y modos de vida en resonancia / Arquitecturas para ciudades sostenibles” (E11), “La ciudad adaptable / Incorporación de los ritmos urbanos” (E12), “La ciudad adaptable 2” (E13) o la recién convocada  “Ciudades productivas” (E14) 

La ciudad, junto con el lenguaje, sin duda se encuentran entre las principales creaciones de la humanidad, ambas sustancialmente vinculadas, y por su propia naturaleza expresión máxima de la inteligencia colectiva e individual, capaz de producir lo mejor y lo peor de lo conocido y por conocer. La ciudad es el lugar básico de referencia de nuestra memoria, pero también el lugar de resi-dencia de las principales incógnitas sobre nuestro futuro, y desde luego el escenario en el que se encuentran la mayor parte de posibles alternativas y respuestas. La ciudad está habitada principalmente por ciudadanos, aunque cada vez más nos sintamos turistas en lo cotidiano, viajeros sociales transmutados en clientes de nuestros propios barrios y consumidores de experiencias sentidas como ajenas. Son en definitiva los ciudadanos/clientes, junto con el tiempo, los que forman parte de la materia prima que construyen nuestras ciudades, en una realidad experimentada de manera virtual.

La ciudad que se pretende “inteligente” -término que utilizamos sin matices-, será por tanto el resultado de una ciudadanía/clientela cada vez más consciente de su condición, capaz de identificar y caracterizar adecuadamente oportunidades y recursos, necesidades y objetivos, elaborando instrumentos y herramientas con las que obtener respuestas adecuadas, adquiriendo complejidad mientras se aumenta la eficiencia en el proceso, o lo que en términos ecológicos traduciríamos con el principio que maximiza la entropía en términos de información. 

Un interesante artículo publicado hace pocos años acertaba al recordarnos que la ciudad no es un laboratorio, en relación a las múltiples referencias que desde hace años nos invaden en este sentido, más allá de una simple metáfora, y convirtiéndose en múltiples ocasiones incluso en argumento central de actuaciones y proyectos urbanos. Al tiempo nos ilustraba sobre la naturaleza esencialmente social y cambiante de la realidad de nuestras ciudades: 

Durante el Pleno Extraordinario que el  Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrado en octubre del año 2014 en torno al hecho urbano, sus instrumentos de planificación y de desarrollo#(6),  se acordó una Declaración pública de compromiso institucional con la mejora de la calidad de vida en las ciudades a través de un urbanismo concebido desde la responsabilidad profesional.  

El objetivo de esta Declaración fue poner de relevancia la importancia de trabajar por ciudades cada vez más habitables, haciendo una apuesta por modelos urbanos ahorradores de recursos, basados en la promoción de la eficiencia energética y la mejora de la calidad de las edificaciones, la regeneración de la ciudad existente desde un enfoque complejo e integral que apueste por la arquitectura como parte fundamental de los valores culturales, sociales, económicos y ambientales, y en definitiva dotando a la vida ciudadana de mayores niveles de complejidad y equilibrio.  

El urbanismo entendido como lugar de encuentro de disciplinas necesarias para la compren-sión e intervención en la ciudad, entendiendo que ha de ser la herramienta imprescindible para la consecución de este objetivo. En esta importante Declaración institucional se manifestaba que:

“La aplicación de la inteligencia para mejorar el funcionamiento de las ciudades debería ser una cuestión de sentido común. La herencia de las últimas transformaciones urbanas, espe-cialmente intensas en los años de la llamada burbuja inmobiliaria, demuestran que no siempre se ha actuado con la lógica de la preservación de los recursos naturales y del menor impacto para reducir el coste inherente al funcionamiento del hábitat humano. La toma de decisiones desde un único punto de vista, en este caso económico, conduce a situaciones de desequilibrio en el resto de los aspectos que configuran la actividad urbana. La visión parcial y sectorial sobre la ciudad es la antítesis del espíritu de la disciplina urbanística que pretende comprender e intervenir desde una perspectiva poliédrica. Los arquitectos, partícipes en el modelo  de desarrollo urbano de las ciudades en España, somos conocedores de esta limitación así como de otras carencias de nuestros sistemas de planificación urbana. 

Conscientes también de la complejidad de los elementos que componen los sistemas urbanos, los arquitectos consideramos que las indudables ventajas aportadas por aparatos sofisticados han de utilizarse exclusivamente como complemento de la reflexión conceptual que es la única y auténtica herramienta inteligente para la conformación de la ciudad. Esta reflexión es parte del ejercicio profesional del urbanismo, en el que concurren muy diversas disciplinas que deben ponerse de acuerdo para ofrecer soluciones a los retos presentes. La formación en urbanismo que proveen las Escuelas de Arquitectura avala a  los arquitectos como agentes imprescindibles en todos los procesos de planificación urbana y de intervención sobre la ciudad existente.    Hoy día, al hablar de ciudades inteligentes no debe olvidarse que la sociedad española tiene por delante el reto de adaptar a nuevas necesidades el patrimonio inmueble y urbano que heredamos del pasado, lejano o inmediato. 

En este marco, como primera acción, sería deseable la revisión de la mayor parte del planea-miento general ya que las condiciones económicas y sociales han experimentado un profundo cambio que debería reflejarse en la planificación del modelo urbano a largo plazo. Un elevado porcentaje de planes y normas de ordenación urbana obedecen a un contexto de fiebre inmobiliaria que contrasta con la actual atonía y el previsible comportamiento a medio plazo del sector de la edificación por saturación del mercado. Esta revisión debiera aprovecharse para retomar un modelo urbano más eficiente en el consumo de recursos y el impacto sobre el medio ambiente. “

“….Casi todos estos retos pueden resumirse en la urgente necesidad de racionalizar la construcción de la ciudad mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. En este objetivo tan elemental radica la inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana y para alcanzarlo se precisa un urbanismo ejercido por arquitectos capaces de conocer y gestionar la complejidad de procesos urbanos y su relación con la configuración espacial de la ciudad.“ Esta Declaración finalizaba con un compromiso del CSCAE y toda su estructura colegial, com-prometiéndose a renovar su vinculación con el urbanismo en tanto que es parte esencial de la formación y del ejercicio profesional de los arquitectos españoles, constituyendo además una diferencia competitiva frente a otros modelos europeos.

En cierto modo se viene a resaltar que sin arquitectura (física o virtual) no es posible la ciudad, en la misma medida que sin el territorio (físico o virtual) no es posible el paisaje. Ambos, ciudad y territorio aparecen como constructo mental del individuo y sociedad que los habita, y como escenarios reales necesitados de planificación en todas sus escalas, sin las cuales no es posible el diseño de estrategias, de proyectos, de acciones y finalmente de arquitectura, “activo de la cultura colectiva y creación de la cultura”, como se define en numerosos documentos de la Unión Europea#(7).    

Constatado el agotamiento del obsoleto modelo de planificación y desarrollo urbano y territorial existente en España, es urgente la construcción un nuevo modelo de urbanismo responsable. La aparición y desarrollo de nuevos campos teóricos y prácticos (por ejemplo, el paisajismo o la ordenación territorial), además de la trascendente evaluación ambiental estratégica establecida por la Directiva Europea 2001, han ido ampliando el escenario de leyes, normas y programas, y con ello el alcance las herramientas de ordenación y gestión sobre el territorio y las ciudades. Sin embargo el marco legal estatal y autonómico sigue dando continuidad al modelo conceptual e instrumental del urbanismo en España diseñado desde 1956, puesto completamente en crisis durante la reciente Gran Recesión, poniendo en evidencia su incapacidad para abordar los problemas existentes (inmobiliarios, económicos, ambientales, sociales, políticos e institucionales).

Ante esta situación es urgente plantearse la reflexión crítica sobre muchos aspectos disciplinares del urbanismo, generando nuevos instrumentos y un nuevo relato capaz de abordar los retos sociales, ambientales, de eficiencia económica y de gobernanza a los que nos enfrentamos. Con esta finalidad se propone la renovación del urbanismo, realizada a partir de las siguientes premisas básicas:

• Anteponiendo los derechos de los ciudadanos a los derechos de la propiedad del suelo e inmobiliaria, con prioridad al derecho a la vivienda digna en un hàbitat urbano de calidad, y una gobernanza basada en principios éticos, de transparencia y participación. Es importante resaltar que la renovación de la política ha empezado en las ciudades.

• Siendo capaces de asumir que las plusvalías económicas derivadas de una decisión pública y colectiva (la ordenación de la ciudad y del territorio) son, en consecuencia, de naturaleza pública, en las que puede participar la iniciativa privada en función de su aportación efectiva en los procesos de gestión y ejecución, empezando por el suelo.

• Siendo capaces de centrar el urbanismo a corto y medio plazo en la ciudad urbanizada y construida, creando nuevos instrumentos operativos de planificación, financiación y gestión, desde el principio general de la exigencia de la función social de la propiedad del suelo y de los inmuebles, y con especial atención e intensidad en las zonas urbanas con mayores déficits y necesidades sociales. El urbanismo inmediato es el urbanismo de los barrios.

• Siendo capaces de avanzar en la articulación del planeamiento con la gobernanza del territorio, resolviendo en las escalas intermunicipales, metropolitanas y territoriales muchas cuestiones que son decisivas para un urbanismo responsable, destacando le necesidad de vivienda digna.

1. Iniciar el proceso de renovación/regeneración del urbanismo incorporando los derechos ciudadanos en la ciudad reconocidos en la Carta Europea de Salvaguarda y en la Carta-Agenda Mundial.

•  Derecho efectivo a una vivienda digna, a los servicios y equipamientos básicos, y a espacios públicos de calidad por su situación urbana y territorial y su arquitectura.

•  Derecho a la accesibilidad a través de una movilidad sostenible, basada en la reducción de la movilidad obligada por proximidad de los usos vivienda-servicios-actividad económica, y con prioridad a los modos de transporte individuales blandos y los colectivos.

•  Derecho a la calidad ambiental y eficiencia energética del medio urbano, tanto de las redes de servicios como de las edificaciones, sobre todo a través de mejoras en lo ya urbanizado y construido.

•  Derecho a la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y evaluación y a una gobernanza abierta, ética y transparente.

•  Los derechos de la ciudadanía deben corresponderse, asímismo, con los deberes inherentes al ejercicio pleno de esta condición, como por ejemplo sobre la participación ciudadana, la convivencia o las obligaciones fiscales.

2. Priorizar el derecho a la vivienda digna y a la calidad del hábitat urbano, que en la coyuntura actual y la previsible a medio plazo implica la intervención activa en la ciudad urbanizada y construida, principalmente a través de políticas urbanas integrales en los barrios.

•  La prioridad del urbanismo debe ser producir las condiciones para hacer efectivo el derecho de la población a una vivienda digna y asequible y a un hábitat urbano de calidad desde los espacios públicos, servicios y equipamientos.

•  Los conflictos actuales han aparecido por la ruptura del pacto social entre capital y población, que ha dado como resultado un cambio profundo sobre la demanda de vivienda y una escasez de viviendas asequibles.

•  Hay que diferenciar claramente las necesidades de vivienda de la población residente con las otras formas de alojamiento de uso temporal, sea turístico o no, lo que afecta también a las características de los espacios públicos y a los servicios y equipamientos.

3. Asumir y potenciar el papel fundamental de la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, en la implantación de las propuestas y en la evaluación de los resultados de las actuaciones urbanísticas y territoriales.

•  Un relato fundamental para la recomposición del urbanismo es el referido a la participación de la ciudadanía, en tanto que destinatario principal de todas las políticas urbanas y territoriales, participación que debe desarrollarse desde el mismo inicio de los procesos de planificación y ejecución.

•  La participación efectiva solo puede ser el resultado de un proceso de información comprensible para el ciudadano, necesario para su implicación y complicidad en las propuestas, y de un esfuerzo de pedagogía por parte de los técnicos y de las instituciones.

•  Como arquitectos necesitamos conocer mejor y manejar más las herramientas de comunicación generadas por los nuevos entornos digitales, como la emergencia de las nuevas fuentes de información –open data- y sus herramientas operativas, las nuevas tecnologías de apoyo a la toma de decisiones y al seguimiento de su aplicación y resultados -smart urban planning-, o la aplicación de métodos de evaluación de resultados y de eficiencia, no únicamente cuantitativos.

4. Establecer que las plusvalías en los valores del suelo y las edificaciones derivadas de la ac-ción urbanística en la mejora y extensión de las ciudades deben ser públicas, como consecuencia de la función pública del urbanismo, compartidas con la iniciativa privada según su nivel de participación en los procesos de gestión y ejecución, y reconociendo el valor inicial del suelo.

•  Hay una oportunidad para intervenir en los mercados de suelo e inmobiliario antes que resurjan nuevos procesos especulativos fomentados desde la inversión financiera; el mercado inmobiliario, sobre todo el de la vivienda de los ciudadanos residentes, debe evolucionar desde el actual modelo dual hacia un modelo unitario, donde los valores de la oferta privada y la pública estén interrelacionados, tanto en venta como en alquiler u otras formas de tenencia y uso.

•  Los valores de suelo y de las edificaciones deben ayudar al desarrollo de un modelo económico eficiente y equilibrado, eliminando de raíz las causas de las dinámicas especulativas que inciden negativamente en el conjunto del sistema económico por el peso y la importancia del sector inmobiliario, por que distorsionan negativamente la finalidad del propio mercado inmobiliario de proveer suelos y edificaciones asequibles a los usuarios, y por el objetivo de un urbanismo inclusivo que evite los riesgos de segregación espacial de usos y personas, por ejemplo, los procesos de “gentrificación”.

5. El respeto al derecho de propiedad debe seguir siendo compatible con la exigencia de su función social, tanto en lo referente a los usos del suelo como de las edificaciones, en especial en relación a las malas praxis de abandono en su mantenimiento y/o desuso.

• La función social de la propiedad, reconocida desde los orígenes del urbanismo en España en el siglo XIX, se concreta en el caso de la propiedad del suelo en las obligaciones que han asumido los propietarios en la medida que se les han atribuido la mayor parte de los derechos en el desarrollo de las actuaciones urbanísticas y en las limitaciones a la urbanización, edificación y usos a través de los planes y normas.

• Esta función social de la propiedad debe ser extendida a la edificación y vinculada a los derechos y obligaciones del suelo, y por lo tanto, además de las tradicionales obligaciones de mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público, deben ser exigidas y corregidas en las situaciones de malas praxis, por abandono de las obligaciones sobre las edificaciones o por ausencia injustificada de uso, exigencia especialmente relevante ante situaciones de graves necesidades sociales, lo que debe llevar a la aplicación de los mecanismos correctores ya previstos o nuevos.

6. Implementar modelos adaptables en la ordenación y gestión de la ciudad frente al tradicio-nal modelo de urbanismo rígido basado en prognosis desfasadas cuando entran en vigor y con una excesiva duración temporal, modelo agotado y superado por la aceleración e intensidad de los cambios sociales, económicos y ambientales.

•  Constatada la obsolescencia del modelo de planeamiento basado en la Ley de 1956 y evoluciones posteriores, hay que crear y desarrollar modelos más diversificados que aborden tanto el plan de estructura de escala municipal (el “avance de plan” como herramienta para las propuestas a medio y largo plazo, a 10 años mínimo) con el planeamiento de desarrollo adaptado a cada situación y coyuntura concreta, siempre bajo el liderazgo público, y a su vez, reconocer las dimensiones supramunicipales de muchos temas relevantes, como la ordenación de los sistemas territoriales.

•  Hay que potenciar el planeamiento del fragmento frente a la “caja cerrada” del planeamiento general, poco eficiente para adaptarse a las condiciones del contexto, recuperando y desarrollando el planeamiento (integral) de los barrios.

7. Centrar la acción urbanística en la mejora de lo urbanizado y construido, con renovados instrumentos de planificación, financiación y gestión, e incorporar las escalas territoriales de la planificación física, empezando por la protección de los espacios más vulnerables ante la presión de la urbanización y la edificación como son los entornos inmediatos de las ciudades.

•  Hay que crear y desarrollar nuevas formas de planificar y ejecutar los procesos de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas, partiendo de la base que la lógica rectora es la pública por los intereses colectivos en juego y las dificultades de gestión de la ciudad compleja, contando con la participación de los intereses particulares necesarios para hacer viable la financiación y la ejecución de las actuaciones.

•  Los planes de intervención integral de barrios y áreas urbanas homogéneas pueden ser herramientas adecuadas para abordar estas complejidades, huyendo de las simplificaciones, y que pueden abarcar desde las necesidades de los centros históricos hasta las urbanizaciones de baja densidad.

•  Hay que desarrollar políticas de suelo para las actividades económicas y para la vivienda, instrumentos para la regulación de actividades emergentes como el turismo urbano y los servicios, revisar los estándares para equipamientos y servicios, e impulsar procesos alternativos de gestión energética redistributiva.

•  Las estrategias urbanas deben incorporar la escala territorial, empezando por sus relaciones con el entorno no urbano más inmediato, desde las accesibilidades y recorridos, continuidades con los espacios abiertos, red hidrológica, compatibilidades de los usos del suelo, etc.

8. Afrontar un proceso de simplificación significativa de los excesos legislativos y el uso a menudo estéril de las normas para resolver problemas que requieren de planificación, inversión y gestión, alcanzando una situación jurídica más razonable y operativa, que reconozca los marcos europeos que inciden en la planificación física, establezca los contenidos generales a nivel estatal, y desarrolle los instrumentos de planificación, financiación y gestión que corresponden a las comunidades autónomas y a las administraciones más cercanas a la realidad, bajo el principio general de la subsidiariedad. 

• Renovación completa de los contenidos de la legislación básica estatal, incorporando las directrices europeas sobre planificación física, actualmente centradas en la regeneración urbana integrada y en las directrices medioambientales, una base a partir de la cual las comunidades autónomas legislen sobre los instrumentos de planificación, financiación y gestión bajo el principio general de la subsidiariedad (y del deber de actuar), en relación a la diversidad de los territorios y las dinámicas sociales y económicas.

• La legislación municipal, en tanto que es la institución pública más cercana a los ciudadanos, debe clarificar los marcos competenciales e impulsar sus capacidades de financiación y gestión, dada la necesidad de actualizar las herramientas aplicables desde los ayuntamientos y para los ciudadanos, bajo el principio general de sostenibilidad de la propia administración pública. 

• Hay que establecer marcos comunes y estables para compartir las experiencias surgidas en la aplicación de los instrumentos surgidos de la diversidad territorial, tanto para enriquecer el conocimiento general como para encontrar los elementos comunes que pueden formar parte del marco general de la ordenación del territorio y el urbanismo en España.

9. Avanzar en la articulación del planeamiento con la gobernanza del territorio, resolviendo en las escalas intermunicipales, metropolitanas y territoriales muchas cuestiones que son decisivas para un urbanismo responsable. 

• Es necesario avanzar en la implantación de nuevas escalas de gobernanza del territorio, desde el reconocimiento de las situaciones metropolitanas, las identidades de los sistemas espaciales de referencia para los residentes y las actividades económicas no siempre intramunicipales, y la gestión pública de las escalas territoriales, abordando los instrumentos necesarios para unas repercusiones equilibradas entre las diversas partes presentes en cada ámbito. 

• Hay cuestiones que son decisivas para un urbanismo responsable que se sitúan en dimensiones intermunicipales y territoriales, como las evaluaciones de riesgos en la matriz geofísica (inundabilidad, inestabilidad de los suelos, sismografía) o en determinados usos y actividades, y en la ordenación de los espacios abiertos. 

• Son necesarios nuevos instrumentos de planificación física y gestión de las dinámicas económicas, sociales y ambientales del sector primario (agrícolas, forestales y ganaderas), en el reconocimiento de las especificidades de los territorios del turismo (costa, interior y montaña) y en la incorporación efectiva del paisajismo a través de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 

• La planificación espacial solo debe avanzar en función a las capacidades de gestión y financiación de las administraciones públicas implicadas, y en base a una sustantiva mejora de las coordinaciones interadministrativas, que deben implementarse desde el inicio de los planes y proyectos, y debe basarse en un compromiso efectivo de estas administraciones en su implementación real.

10. Establecer el interés público de la arquitectura, incluidas sus escalas urbanas y territoriales, con prioridad para la calidad de los espacios públicos y en general del hábitat urbano y territorial. 

• Defendemos el papel estratégico de la arquitectura en la construcción de mejores hábitats urbanos y entornos territoriales, y específicamente, la aportación de los arquitectos urbanistas a través de los proyectos urbanísticos y territoriales, como herramientas necesarias para la mejora real de los hábitats en la medida que es una disciplina que trabaja sobre la escala humana y la relaciona con su entorno 

• Reivindicamos la importancia de la calidad arquitectónica de los espacios públicos y su mantenimiento, mejora y adaptación constante a nuevas necesidades y la relevancia de la escala urbana de la arquitectura de la edificación y la necesaria integración en su entorno, construido o no. 

• Constatamos la práctica de los arquitectos en el trabajo y dirección de equipos multidisciplinares, desde la capacidad de síntesis de problemas complejos y formulación de propuestas realizables a diferentes escalas y con el ejercicio de la autonomía disciplinar plenamente compatible con la confluencia con otros profesionales, competencias de deben seguir estando presentes en su formación inicial y continuada.

• Denunciamos que para desarrollar estas funciones de interés público, los arquitectos deben disponer de los recursos económicos suficientes para realizar de manera digna los trabajos relacionados con los procesos de planeamiento y gestión, siempre en un marco de transparencia y competencia justa. 

• Los arquitectos, y específicamente los arquitectos urbanistas, hemos acreditado ser un colectivo profesional avanzado en la proyectación y gestión de la ciudad, la ordenación del territorio y el paisaje, en el manejo y la representación de la ciudad -y el territorio- en sus tres dimensiones, y con capacidad casi exclusiva de dar forma urbis a los procesos y tendencias del desarrollo urbano, así como preocupados por los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad y con voluntad de aportar soluciones viables.  

La Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III – Quito 11/2016) plantea  el reto de elaborar una Nueva Agenda Urbana para las próximas décadas a nivel mundial, y para ello identifica tres pilares fundacionales en la consti-tución de lo que ha de ser la urbanización sostenible. Estos fundamentos de partida no se pueden obviar si no es a riesgo de una urbanización que genere más problemas que soluciones:

•   Una estructura legal y regulatoria coherente, transparente y aplicada sin excepciones, con reglas de juego conocidas, aceptadas y respetadas, único modo de atraer la necesaria inversión que haga posible la urbanización;

•  Desarrollo de buen planeamiento urbano básico (a lo que añadiríamos también la di-mensión territorial), que permita concluir el proceso de crecimiento o regeneración de manera ordenada;

•  Sostenibibilidad del modelo económico y financiero que ha de sustentarlo adecuado, que garantice que las inversiones necesarias sean mínimas y eficientes, y el mantenimiento de las infraestructuras básicas a lo largo de su vida útil las adecuadas.

“Ciudad Inteligente”, se articula sobre cuatro ideas esenciales: 

-Cuestiones ambientales y restricciones energéticas; 

-Comunicación fluida de los actores entre sí: colectividades, ciudadanos, empresas, instituciones; 

-Uso compartido de bienes y servicios, con activa participación de los usuarios en la concepción de productos, servicios, y modalidades operativas, y renunciando en al-gunos casos a la propiedad y uso individual; 

- Integración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la robótica y los sistemas inteligentes de transporte, que potencian el funcionamiento en red; la modificación de la matriz energética a favor de las energías renovables, y el cambio de comportamiento y usos por parte de los ciudadanos.  

 Desarrolladas según seis criterios o ejes principales (medio ambiente, configuración espacial, metabolismo urbano, desarrollo económico, estructura funcional, gobernanza urbana), que conectan con las tradicionales teorías del crecimiento y desarrollo urbano, teoría de la competitividad regional, economía de los transportes, de las tecnologías de la información y de la comunicación, de los recursos naturales, sobre el capital humano y social, la calidad de vida, y la participación de los ciudadanos en la vida democrática de la ciudad. En cualquier caso esta categoría Smart se ha de entender como efímera, no duradera, ya que no está asociada a la consecución de una meta específica, sino que  en realidad implica más bien el compromiso por parte de los agentes involucrados en un proceso de mejora constante.

El “Plan Estratégico de la Federación Española de Municipios y Provincias del Siglo XXI: hacia unas ciudades y municipios inteligentes” identifica cinco cualidades mínimas que han de reunir las ciudades que aspiren a la situación de municipio inteligente:

1.-Capacidad para diseñar un proyecto sobre la propia organización y territorio. Un municipio debe saber lo que quiere ser en el futuro, a partir de lo que ya es, de su situación económica, sus potencialidades y las de su entorno, pensando en las generaciones próximas a través de un modelo de desarrollo sostenible.

2.-Voluntad y energía para actuar, y estos aspectos son aportación de las personas, cuyo factor detonante se encuentra en el necesario liderazgo.

3.-Capacidad de acción y resolución, solucionando problemas a los ciudadanos de una manera útil y práctica, bien a través de políticas y servicios públicos, o bien facilitando el marco para el buen funcionamiento general de la economía y la sociedad local.

4.-Un municipio inteligente “aprende e innova”: incorpora su aprendizaje, transforma la in-formación en conocimiento, aprendiendo de los demás y de sus propios errores.

5.- Capacidad de integración de todos los ciudadanos, preocupándose de la cohesión social de sus barrios, y generando “ilusión, confianza y orgullo de pertenencia” entre los vecinos.. Tras este breve esquema sintético de declaraciones y principios, nos encontramos con un problema: la actual naturaleza de gran parte de las herramientas e instrumentos de carácter jurídico, técnico, financiero o administrativo con los que se ha venido contando desde hace décadas para abordar el planeamiento territorial y urbano en el ámbito nacional, autonómico y local.   

Durante décadas hemos venido utilizando marcos jurídicos y técnicos de carácter rígido en sus formulaciones, interpretaciones y aplicaciones, como único instrumento que debía servir en la práctica para casi todo, al que la realidad debía amoldarse necesariamente. Es lo que de modo gráfico podemos asimilar a una llave inglesa, que en el mejor de los casos, a fuerza de revisiones y modificaciones, se termina convirtiendo en navaja multiusos, a modo de pequeños monstruos que no terminan de ser realmente útiles, excepto como fin en sí mismos.

A partir de ese momento, y sin cambiar el “modelo”, se comienzan a diversificar los procedi-mientos mediante algunos instrumentos especializados, que siguen siendo manifiestamente insuficientes y de notable ineficacia aplicados a los procedimientos de redacción, tramitación, aprobación y gestión práctica, como bien hemos podido comprobar durante al menos los últimos quince años de experiencia en todas las comunidades autónomas.

 Parece obvio que con este escenario lo importante -y en este caso también urgente-, es re-plantearse no solo el sentido mismo de estos instrumentos, sino su propia naturaleza, acep-tando de entrada que lo más importante es pensar en la necesidad de una “caja de herramientas” que permita abordar la intervención en la realidad desde múltiples posibilidades, desde diferentes visiones, con capacidad de operar a distintas escalas, que faciliten la gestión asumible en función de los tiempos y medios con los que cuenta cada realidad concreta, y ante todo con carácter sostenible desde los aspectos económico, social, ambiental y de la propia estructura administrativa. En definitiva, una caja de herramientas con  instrumentos apropiados para la redacción, tramitación, aprobación, gestión y ejecución fáciles y viables.

 Como arquitectos comprometidos con nuestra sociedad actual, por vocación y convicción, desde el CSCAE asumimos este reto, incorporando a nuestras tareas institucionales la obligación de contribuir a la creación de esta “caja de herramientas” con la que poder lograr mejores ciudades en las que hacer posible el desarrollo de una mejor vida para una ciudadanía cada vez más inteligente.